La llamada emergencia social decretada por el presidente Uribe, y el paquete de medidas que la desarrollan, constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.
La declaratoria de la emergencia, que fue presentada como una necesidad frente al riesgo inminente de una perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Carta Política, tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción, el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales.
En pocos días se cumplen los cinco años de una de las masacres más violentas y escalofriantes que ha cometido el Estado colombiano en contra de la población; hecho maquinado, dirigido por la fuerza pública y ejecutado en alianza con las autodefensas, que colmados de tal crueldad y sevicia eliminaron ocho personas (entre ellas, 4 menores).
El caso de la masacre, no estaba ajeno, después de una y otra acción dilatoria, entre ella la perdida de expedientes, el cambio de abogados, hostigamientos, prácticas difamatorias y amenazantes, estigmatizaciones y señalamientos contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, como también contra el abogado de las víctimas; estamos a puertas de un vencimiento de términos y pronta libertad de los militares que incurrieron en un crimen de lesa humanidad.
El 4 y 5 de febrero en Medellín, continuara la audiencia de juicio de 10 militares implicados en los hechos.
Campaña de desinformación y señalamientos a CI Justicia y Paz
En las campañas que adelanta siempre Uribe para lograr su perpetuación en el poder se anteceden de muchos hechos criminales, presuntamente por grupos insurgentes, que desestabilicen y generen pánico en la población, logrando de esa manera que la gente clame por su estrategia de seguridad y eso se refleje en las elecciones.
El pasado 19 de diciembre, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz rechazó el asesinato de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, todos ellos afrodescendientes oriundos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó y de igual manera el asesinato del joven conocido como “Blanco Muñoz”. En la Constancia, la Comisión de Justicia y Paz exige al Estado colombiano una investigación pronta y eficaz frente a este asesinato y otros que se han presentado en la región y solicitó la adopción de medidas de protección para lograr la efectiva habitación y ocupación tradicional de las familias de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Sin embargo, en los medios de comunicación como en la información de diferentes instancias de gobierno se viene señalando y desprestigiando a la Comisión responsabilizándola de estos crímenes.
Alias Jonas y Alias Ratón miembros de las autodefensas "Heroes de Tolova", las guías utilizadas por el ejército en la operación fenix
En esa declaración, este ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien estuvo al frente de los bloques Bananeros en esa región de Antioquia y del Calima en el Valle de Cauca, aseguró que el dinero se lo entregó personalmente al entonces coronel Néstor Iván Duque López, comandante en ese año del batallón Bejarano Muñoz para que pagara a los testigos... “En esa ocasión, fue con un poco de papeles y me dijo que se estaba defendiendo de unas denuncias de San José de Apartadó y me pidió el favor que le regalara dos millones de pesos para darle a unos testigos que iba a presentar sobre la masacre de San José de Apartadó”, le narró Velosa García a los agentes de la Procuraduría. De acuerdo a sus explicaciones, ambos estaban solos en una oficina del Centro de Referencia y fue allí donde le dio el dinero... “Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”. (Versión de "HH", ver artículo completo)
Pese a las reprimendas y críticas de todos los países del continente frente al accionar de Uribe al pretender dar vía libre a la instalación de bases militares en Colombia, el acuerdo ya esta listo, incluso el último en firmar es EEUU, a este gobierno no le importa la exigencia del pueblo colombiano que no quiere las bases militares, ni la aprobación del Congreso y si es preciso, seguirá silenciando a los colombianos. La última alternativa es interpelar a OBAMA, en un llamado a definir cual es su posición frente a Latinoamérica..
“Colombia ha decidido trabajar por la paz y por la salida política al conflicto”
El encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanitario y la paz en Colombia, realizado en la Sultana del Valle, Cali, los días 13, 14 y 15 de noviembre, es el evento más importante cumplido en Colombia en los últimos años relacionados con la paz, el acuerdo humanitario y la salida política a conflicto social y armado que lleva más de 50 años, por obra y gracia de la aguda contradicción entre ricos muy ricos y pobres muy pobres.
Sin embargo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) infiltró a tres sabuesos para sabotear el pacífico y entusiasta encuentro nacional e internacional y de paso “justificar” seguramente acciones criminales de mucho más calado. No lo pudieron hacer porque la guardia indígena y los organizadores tomaron las medidas pertinentes de seguridad y oportunamente develaron el siniestro plan del régimen. Tampoco se dejaron provocar. Actuaron con sensatez.
La persecución y estigmatización a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia es una política de Estado, que se viene aplicando de manera imperativa en todo el país, de la mano de una campaña internacional, promovida por parte del gobierno, que pretende exculpar sus acciones justificándolas y desprestigiando a la vez, las comunidades campesinas, indígenas, afros, como también, las organizaciones sociales, de derechos humanos y paz. Situación que destaca la relatora de Naciones Unidas.
"…a veces la esperanza es tozuda y se aferra a pequeñas posibilidades de aliviar sufrimientos que se vuelven insoportables…"
24 años de impunidad!
Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltran Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, al igual que la desaparición de Irma Franco y la ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán.
Otro nauseabundo escándalo de este gobierno, el Ministerio de Agricultura utilizó el programa Agro Ingreso Seguro impulsado por ellos mismo para brindar apoyos económicos a través de créditos y apalancamientos para financiar a partir de terceros las campañas políticas de Uribé y su sequito. Estos subsidios de agro ingreso seguro como lo confirmo el ex - ministro no estaban planeados para el campesino, tenían otro objetivo y quién notaría que el campesino como siempre, no los recibiría. Los beneficiarios fueron en su gran mayoría las familias con abolengos, adineradas, con influencia regional, terrateniente y eso si, U r i b i s t a s.
Irrespetuoso, que los pajecitos del presidente, se monten en el discurso social y de falsa transparencia, hablando de una política para los pobres, en el que los requisitos para participar en esos proyectos sólo los pueden cumplir gente con empresas de mucho capital, que además, es un subsidio que no ha generado empleo y bienestar en lo rural, si no por el contrario, sigue el desplazamiento y el destierro del campesinado y se fortalece la concentración de la riqueza en unos pocos.
Gravemente herida defensora de derechos humanos en el Meta
El sábado 17 de octubre de 2009, hacia el medio día, fue gravemente herida Islena Rey, Defensora de Derechos Humanos y Presidenta del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta -una de las pocas sobrevivientes del exterminio contra esa organización-. Hechos que ocurren cuando se desplazaba por el río Güejar después de participar en una actividad en Puerto Toledo contra las bases militares y la ausencia total del Estado. Se sindica a las FARC como presunta responsable.
Las organizaciones, meses atrás habían denunciado amenazas por parte de los paramilitares hacia su vida e integridad, sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo la misma. La situación en el Meta cada día es más desalentadora pues en toda la zona rural como en los pueblos y caserios se adelantan operativos militares (Brigada Móvil 4), los bombardeos, las confrontaciones armadas entre fuerza pública y guerrilla, las ejecuciones extrajudiciales entre otras, dejan un sin numero de víctimas.
La policía a mano armada entra a la Universidad Nacional por orden de presidencia
A las 8:30 de la mañana de hoy sábado 17 de octubre comenzó a caer la patraña oficial y empiezan a ser puestos en libertad varios jóvenes que pasaron la noche detenidos en las instalaciones de la UPJ, al comprobarse que en la gran mayoría de los casos eran personas que los policías cogieron en las afueras de la UN y eran integrantes de una congregación religiosa que preparaban una reunión en las afueras del claustro universitario.
Al parecer, el presidente en su decadente maniobrar político dio la orden de ingresar a la Universidad como fuera, sin importar quién estuviera allí, con el argumento de que tenían secuestrado el rector, persona que horas antes había sido rodeada por estudiantes para exigirle cumplimiento acuerdos pasados, debatir temas de índole académico y acordar reuniones de trabajo –discusiones que evade permanentemente- y que posteriormente pudo salir de la Universidad sin ningún contratiempo.
Esta semana las universidades públicas del país tuvieron varias jornadas de trabajo, dada la crisis por la que atraviesa el sector educativo, con mesas de trabajo, jornadas de reflexión y asambleas permanentes presentaron alternativas a sus gobiernos académicos para dar salidas a la problemática. Así mismo, se hicieron algunas protestas contra las bases militares gringas, contra la privatización de la educación pública y contra la sistemática violación de derechos humanos a los estudiantes y profesores universitarios.
La Carta de don Berna frente a
la Ley 975 mal llamada de "Justicia y Paz" y otros paramilitares
Publicar la carta de don Berna no genera satisfacción, pero si la confirmación de lo que ha grito "impunidad", las comunidades, las organizaciones sociales, políticos de izquierda, activistas e instancias internacionales advirtieron frente a las extradiciones de las cabezas de reconocidos paramilitares. Era claro que Uribe tenía que silenciarlos frente a tanto crimén que a sus ojos se cometió, mientras tanto día a día seguimos viendo los estragos que deja esta guerra profundizada por sus ansias de poder.
Lea documento completo.
Los problemas de la población carcelaria
en tiempos de la “seguridad democrática”
"Es nuestro interés llamar la atención sobre la situación de la población carcelaria de todo el país y de Bogotá que, no siendo distinta, recoge magnificados los vicios, falencias y perversidades de ese sistema. No en balde es la ciudad del país donde hay más cárceles, donde su población es mayor y por ende, donde es más aberrante el hacinamiento".
Ponencia presentada por la comisión nacional de solidaridad con las detenidas políticas y los presos políticos del Partido Comunista Colombiano en el XI Foro Nacional de Derechos Humanos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, del 10 al 12 de septiembre de 2009.
Para la Corte los cargos de concusión y cohecho propio, así como el del asesinato del sindicalista Adán Pacheco, deben ser objeto de otra investigación contra Noguera Cotes.
En la audiencia preparatoria que se adelanta en el juicio contra Jorge Noguera Cotes ex director del Das, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió dejar en firme la acusación contra éste, por los cargos de homicidio agravado del defensor de derechos humanos Alfredo Correa D’Andreis, de la sindicalista Zully Esther Codina y del político y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, quienes fueron asesinados en razón a sus denuncias sobre la asociación del paramilitarismo con diversos sectores del Estado Colombiano.
Así mismo, la Corte mantuvo su decisión de juzgarlo por los cargos de concierto para delinquir agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, abuso de autoridad y utilización de asunto sometido a reserva.
El alto tribunal anuló tres cargos, el de concusión y cohecho propio, por considerar que estos delitos son objeto de otra investigación, y el del asesinato del también sindicalista Adán Pacheco Rodríguez, que ordenó investigar por separado, puesto que éste caso no tuvo un manejo desde el inicio del proceso, sino que se tomó al final del mismo.
Todos hablan de la feria según les vaya en ella, todos menos los seguidores de Uribe, el Supremo. Y no lo hacen porque han atribuido la infalibilidad papal al Patriarca, dado el culto a la personalidad. Así que sobre la cumbre extraordinaria de UNASUR, en Bariloche, Argentina, todos los seguidores se deshacen en incienso y alabanzas a la gestión del infalible Señor Presidente en dicho evento. Para el resto de los terrícolas, basta con ver la aflicción en los rostros del Patriarca y de quien posa de canciller, un tal Bermúdez, o saber que el patrón no quería estar en la foto con el resto de mandatarios, para deducir cómo les fue.
Otra masacre anunciada en la comunidad indígena AWA
"Mientras nos masacran, el circo que perpetúa al régimen continúa en el congreso de la República, donde a cambio del presupuesto y los bienes del Estado, se reelige el terror y la muerte".
Hace tan sólo unos meses fueron asesinados más de 10 indígenas, algunos desaparecidos a manos de un grupo armado en la zona de la quebrada El Hojal de la Comunidad El Bravo, posteriormente fue bombardeada la región, hecho que obligo a la comunidad a desplazarse al interior del territorio, Samaniego, Planadas Telembí, entre otros Municipios. Hecho que se repite nuevamente en la región, el 26 de agosto nuevamente un grupo armado y uniformado irrumpió en la comunidad y disparando indiscriminadamente contra la casa de una familia Awá, asesinaron a 12 personas entre ellas seis menores y dejaron varios heridos. No es extraño que el gobierno se silencie frente a estos crímenes contra la humanidad, su desatención e indiferencia frente a este sistemático exterminio evidencia con claridad el fracaso de sus políticas de seguridad, que no dejan nada más en la madre tierra que dolor y sangre comunera.
"Eventualmente, la ineficiencia del Estado, las leyes y el terror, se habrán combinado para consolidar el despojo y la expropiación de modo que este se convierta en un hecho histórico consumado. Para entonces, los megaproyectos y los usurpadores de la riqueza se habrán establecido, el territorio habrá sido explotado y la lucha, sacrificio y sufrimiento de las víctimas, será enterrada por la infamia de una historia escrita por la codicia y la inconciencia".
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