Justicia : Indymedia Colombia

Este general se convierte en un símbolo total de impunidad en Colombia, desde hace más de 10 años ha sido denunciado por las comunidades, altos oficiales afirmaron las acciones criminales en cabeza de la Brigada XVII, testigos contaron las barbaries cometidas a su mando en connivencia con las AUC y hoy las cabezas reconocidas del paramilitarismo lo vinculan nuevamente a hechos de terrorismo de Estado. Versiones de diversa procedencia pero que coinciden plenamente.

Rito Alejo del Río fue llamado a calificar servicios en el 98 sin resultado alguno, posteriormente es investigado por conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir, prevaricato por omisión, entre otros delitos y luego de una paupérrima investigación judicial, precluye en el 2004 por no encontrar merito probatorio (firmada por Luis Camilo Osorio). Y el actual presidente le rindió honores al "pacificador" por todo el genocidio cometido en su transitar por Urabá y el Atrato.

Ante estos nuevos testimonios de Mancuso y alias "HH" que ameritan reabrir la investigación, el ente acusador advierte que ha hecho transito a cosa juzgada y, por ende, no puede la fiscalía ordenar la "reapertura" de las mismas...". Al parecer no es suficiente los 150 o más asesinados, tampoco los testimonios de las barbaries y crímenes de lesa humanidad cometidas en las comunidades campesinas en Choco y Urabá, ahora menos, lo puede ser los testimonios de sus compañeros y cómplices de crueldad.

Dicen que todavía en algunas zonas del país, se siente el hedor de muerte que deja a su paso.

El cinismo con que actúa Uribe y su gabinete de Santos es una física expresión de impunidad, por "Razones de Estado" se le siguen olvidando las víctimas, para beneficiar a todos estos delincuentes de cuello a quienes les debe su estadía hoy en la presidencia y que prefiere liberarlos antes de que sigan hablando. Desde luego necesita mostrarle al mundo que sus intentos por lograr la paz son muchos, aunque con ellos asegure la destrucción de la democracia, la justicia y la vida de los colombianos. Recordemos que algunos casos de los que hoy salen nuevamente a la luz, a voz de los propios paras, ponen en evidencia la mentira y la crueldad a que han sido sometidas comunidades en todas las regiones del país.

El comunicado de la Corte Constitucional sobre la demanda de la Ley de Justicia y Paz que resume la sentencia C-370-06, pone límites a los múltiples beneficios que el gobierno viene otorgando a los paramilitares, permitiendo reconocer los derechos de las víctimas, que de tiempo atrás se venían reclamando. Si bien es cierto, es un avance el establecer un marco jurídico frente a los procesos de desmovilización con los grupos armados, este fallo permite ver la maleabilidad con que el gobierno maneja este proceso que según su conveniencia oculta las responsabilidades de cada uno de los victimarios, admitiendo así, que sigan actuando protegidos por la ley, en las regiones, contra comunidades, organizaciones sociales y populares.

Cabe preguntarnos, que acciones "jurídicas" estará adelantando el gobierno frente a la sentencia proferida por la Corte Constitucional?, ya que con voz unánime el gobierno y los paramilitares han calificado este fallo como un "atentado a la Paz".

Sobre el Fallo de la Corte: Preguntas y Temores, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Limitaciones razonables a los beneficios de los paramilitares, por Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
La Corte Constitucional protege los derechos de las víctimas, por Comisión Colombiana de Juristas
Consejo de Estado rechaza críticas de las AUC sobre el fallo de Justicia y Paz, en Caracol
Ley 975: quedó la forma pero cambió el fondo, El Colombiano
Corte corrige rumbo de ley de impunidad, pero subsisten problemas, por Piedad Cordoba
Documentos anteriores, en Indymedia

Impunidad a sangre y fuego

Parece ser que en Colombia la Justicia y la Paz no dejan de ser mas que palabras que de acuerdo a la necesidad política usamos, sin importar los antecedentes ni entender la connotación de lo que esta pasando. La historia, el dolor, la ausencia, la tragedia de miles de mujeres y hombres, que perdieron sus seres queridos, que han tenido que ver la sevicia con que eliminan su familia, como los descuartizan, torturan, desaparecen. Familias enteras que pierden sus tierras, que han tenido que exiliarse, que tienen que pagar para que les dejen tranquilos, que se han tenido que ir a las ciudades a comer ladrillo, que viven bajo la amenaza, persecución, robo, bloqueo económico, violaciones sexuales, que perdieron sus casas, sus trabajos, que viven en la mendicidad, que duermen en albergues, que tienen que limosnear al Estado para que les den un mercado por tres meses, que sus hijos tuvieron y tendrán que crecer viviendo y viendo toda esta desgracia, están condenados a callar para poder vivir.

En este gobierno tienen que "perdonar y olvidar", aunque tengan claro que los victimarios siguen allí, en sus tierras, en sus casas, en las bases militares de la región, permitiendo que las multinacionales sigan arrasando nuestro territorio, que los que se entregaron, algunos ni siquieran han tenido un arma en sus manos, algunos de ellos tienen un problema de drogadicción alto, muchos de estos fueron sacados de sus barrios meses antes con engaños para que hicieran parte de esa parodia que nos mostraron en Televisón, que de los pocos que si han hecho parte del paramilitarismo terminaron inventando alias y bloques para que no se les judicializarán, que la mayoría de los que se entregaron ni siquiera se califican por la mal llamada ley de justicia y paz, que la impunidad viene de años atrás a tal punto que las ordenes de captura para los paramilitares obedece a menos de un 10% de las personas que hoy se entregan, que este proceso es una más de las falacias de este gobierno y lo peor legitimada y auspiciada por el Estado.

Para estas masacres Perdón y Olvido?, reparación "Simbólica"?, reconciliación sobre la tragedia y el desasosiego?, recordemos algunas... en diferentes regiones y a través del tiempo... De estas masacres... ¿???

A continuación presentamos algunos documentos de análisis y comunicados entre otros, que diferentes organizaciones, sectores, comunidades y personas han realizado sobre la Ley de Justicia y Paz y de su nueva Comisión de Reparación y Reconciliación.

Por Hernando López

Cuando “Don Berna” se entregó el viernes 27 de mayo pasado, todo estaba cocinado. Según el libreto confeccionado en la Casa de Nariño, lo haría ante el general castro, Director de la policía nacional, en presencia de Luis Carlos Restrepo, especie de jefe de producción de la obra y el señor Caramagna, delegado de la OEA, veedor con antifaz del “proceso de paz” del gobierno de Uribe con los grupos paramilitares. El capo paramilitar fue "reinsertado" a toda velocidad y su reclusión garantizada en una de sus cómodas haciendas, cerca de la “zona de ubicación” en Santa Fe de Ralito.

Fue un especial de muy mala calidad. Una pésima producción, con tufillo de tragicomedia, pero de la más cruda realidad. Nunca lo buscaron en su hacienda del Nudo de Paramillo y luego se pudo entregar como "desmovilizado". Una vergüenza para este país por cuenta del gobierno uribista.

por Olafo Montalbán

Alvaro Uribe y sus ministros se proponen abolir de la Constitución, y de la mente de la gente, el delito político. Es unamacabra jugada política de la derecha colombiana. La estrategia consiste en anunciar la eliminación del delito político, y preparar la “mente de los colombianos para este debate” mientras se apuran los diálogos y acuerdos con los paramilitares. pardójicamente la idea consiste en otorgarles a éstos el estatus de delincuentes políticos, para que se beneficien de las inmunidades y bondades jurídicas plasmadas en la Constitución, como en el artículo 35, donde se dice que la extradición no se puede aplicar en casos de delitos políticos, o el 150 donde se afirma que el Congreso puede otorgar, por mayoría de votos, amnistía e indulto a quienes hayan cometido delitos políticos.

Dentro de su casa en el barrio Los Alpes de Cartagena, fue asesinada Mauricia Lafont Espriella de 56 años, abogada de 94 nativos poseedores, en el caso del litigio con los promotores turísticos por los terrenos, 1.427 hectáreas, en Isla Barú. También fue muerto su hijo Carlos Enrique Gómez Lafont, de 17 años. En Playa Blanca de Barú (foto), se apretende adelantar un megaproyecto turístico que contempla la construcción de tres grandes hoteles de lujo y campos de golf en un terrero de 630 hectáreas sobre las cuales reivindican propiedad el Ministerio de Comercio (280), Valores Bavaria (300) y el grupo Corona (50). Tras interponer una apelación, la abogada estaba a la espera del fallo que en tercera instancia debe proferir el Registrador de Instrumentos Públicos sobre el caso de los terrenosm en disputa.

Le abrieron la puertas de la cárcel de mujeres "El Buen Pastor" de Bogotá el día miércoles 16. Fue ordenada su libertad condicional. Salió hacia las 6 de la tarde, alcanzó a ver lo que quedaba de luz del día, la esperaban sus abogados y sus seres más queridos, estaba muy contenta, pero también muy triste por dentro.

Estaba detenida desde el 18 de febrero de 2004. Fueron 13 meses de vigilar y castigar de este Estado panóptico sobre una madre soltera de dos hijos.

» Entrevista con Luz Perly, por Cesar Jerez / Prensa Rural

La prensa colombiana dijo que que Rodrigo Granda, más conocido como "Ricardo González", del equipo internacional de las Farc, fue detenido en Cucuta, el 13 de diciembre. El 17 de diciembre "El Tiempo" publicó la declaración del director del semanario "Voz", Carlos Lozano, quien aseguró que Granda fue retenido en Caracas en un operativo de agentes de la Disip, presumiéndose la participación de agentes colombianos, y luego trasladado dentro del baúl de un vehículo hasta Cucuta.

Poco a poco han salido mas detalles: Granda fue retenido, efectivamente, el lunes 13 de diciembre, hacia las 4pm, pero en Caracas y no en Cúcuta. Estaba conversando con un periodista colombiano en la cafetería de la Clínica Razzeti, cerca a la estación del metro "Bellas Artes", muy cerca del Hotel Hilton donde se llevaba a cabo un Encuentro Internacional de Intelectuales. Salió del lugar al ser llamado por otra persona. Había pasado casi una hora cuando al fin el periodista se extraño por la demora de Granda, empezando a preguntar por él a las personas del lugar. Posteriormente se supo que Granda fue retenido por varios hombres que se movilizaban en cuatro vehículos, quienes se identificaron a los pasantes como agentes de la Disip, aunque algunos de ellos tenían acento colombiano. Granda fue inmediatamente introducido al baúl de uno de los vehículos y trasladado a una dependencia de la Disip. Varias personalidades políticas venezolanas, y hasta de los servicios de seguridad, no estuvieron de acuerdo con ese procedimiento.

Diferentes Universidades y Centros de Investigaciones Socio-jurídicas impulsamos este Congreso Latinoamericano como escenario para el encuentro, el intercambio y el debate de puntos de vista sobre las relaciones entre justicia y sociedad.

Las consecuencias sociales de la globalización y de las transformaciones del Estado, hacen que la pregunta por la justicia, como valor y condición asociada a la democracia, recobre un significado especial. En América Latina existen procesos y experiencias de conocimiento e investigación sobre las transformaciones del derecho y su relación con las dinámicas sociales, pero estos procesos han sido fragmentados o aislados. La discusión sobre el derecho y la justicia se viene reduciendo a aspectos de carácter técnico o formal, dejando a un lado las implicaciones de las demandas de la sociedad en el campo jurídico.

El Congreso fue concebido como un espacio amplio de carácter académico y político en cuyas deliberaciones estuvieron comprometidos reconocidos investigadores nacionales e internacionales, representantes de organizaciones sociales,

no gubernamentales y estudiantes universitarios que llevaron a cabo un fecundo intercambio sobre el campo del derecho, la justicia y la sociedad con miras a establecer mecanismos de trabajos conjuntos y permanentes en el ámbito latinoamericano.

Es necesario iniciar un diálogo amplio entre los latinoamericanos acerca de nuestra identidad, de los criterios y de los principios de justicia que deben inspirar la consolidación de proyectos democráticos e incluyentes para nuestros países.

Diferentes estudios sociales críticos en América Latina han tocado de manera tangencial temas sobre justicia social sin llegar a elaboraciones que constituyan una teoría de la justicia plenamente acabada. En la reflexión jurí

dica los aportes teóricos sobre la justicia como un valor básico de las instituciones y de los procedimientos son prácticamente inexistentes.

En luchas populares de América Latina que se promueven desde diversos y profundos sentidos de la justicia social, étnica, de genero, de clase, de grupo, etc, no ha habido una reflexión ni una sistematización a partir de una idea de la justicia que les otorgue identidad.

Este congreso buscó hacer explícitas precisamente las nociones de justicia existentes en el pensamiento académico y social en América Latina para debatirlas y redefinirlas a la luz de los retos actuales. Se trató de promover una reflexión amplia sobre un sentido de justicia democrático incluyente, que discuta con las perspectivas teóricas y políticas que han hegemonizado la interpretación sobre este principio. Más información

Un victimario con "Inmunidad Paramilitar"

En las sombras de este gobierno Rito Alejo del Río sigue libre.

Impunidad a sangre y fuego

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO JUSTICIA Y SOCIEDAD

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