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La Constitución del 91, en debate

"El proceso que desencadenó la instalación de la Asamblea Constituyente en la Colombia de 1991, fue la primera experiencia en esta nueva fase de transformación democrática que vive el subcontinente. Fue una verdadera revolución democrática que por diversos motivos – que hay que explicarse – se quedó a medio camino".
Colombia: evaluacion crítica de nuestra historia reciente por Fernando Dorado

"La Corte Constitucional reconoció, modificando su posición anterior, que el derecho a objetar conciencia al servicio militar obligatorio se deriva directamente del derecho fundamental a la libertad de conciencia".
Corte Constitucional reconoce objeción de conciencia al servicio militar obligatorio por Acción Colectiva

"El debate relativo a los derechos sexuales y reproductivos de estas semanas fue vergonzoso e indignante para un Estado Social de Derecho y laico, como lo es Colombia".
Cinco puntos para el debate por Florence Thomas

"Si bien restaurar la vigencia primigenia de la Constitución de 1991 y del estado social de derecho contenido en ella es un objetivo importante, los cambios democráticos, económicos y sociales que requiere Colombia son más ambiciosos y deben superar las falencias que la Carta tiene".
La Constitución del 91 por Carlos A. Lozano Guillén


Capturan a tres congresistas colombianos por nexos con paramilitares

La Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) ordenó la captura de tres congresistas de ese país, dos de la coalición oficialista, por presuntamente estar involucrados con grupos paramilitares de la extrema derecha.

Leer la noticia en Indymedia.

De la parapolitica a la farcpolítica

La farcpolítica se está aclarando. Y no se está logrando en las salas de redacción de los medios, ni en los corrillos del Congreso, ni en los cafetines de pueblo. Lo está haciendo en la Corte Suprema de Justicia, que está precluyendo los procesos abiertos contra importantes dirigentes políticos de izquierda democrática, luego de que fueran denunciados de ser aliados del terrorismo.

Las denuncias nacieron de la creatividad de los investigadores oficiales que creyeron encontrar las pruebas contundentes contra los acusados en el mágico computador de Raúl Reyes, el otrora canciller de las Farc. La acción de combate en la que murió le ha costado a Colombia el rompimiento de las relaciones políticas y comerciales con el vecino del sur. Un encono que no se ha sanado y que mantiene a los productos colombianos muy lejos de los consumidores ecuatorianos y a nuestros industriales en un ataque de nervios.

Escribe Horacio Serpa, gobernador de Santander.

Leer el artículo completo en Indymedia.


Muere ley de Justicia y Paz!

ESTADO UNIDOS EL CAMINO A LA IMPUNIDAD

La extradición primero de 'Macaco' o 'Javier Montañez', y posteriormente de un grupo de 14 en donde esta Mancuso, Gordolindo, Don Berna, Jorge 40, Cuco, Pablo Sevillano, el Tuso, el Mello, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea, Martín Peñaranda, y Eduardo Enrique Goynechea, que se encontraban incluidos en el proceso de Justicia y Paz, bajo el argumento de que no estaban entregando la verdad, tampoco sus bienes para la reparación y, además seguían promoviendo grupos armados ilegales y acciones ilegales,- nada nuevo-, demuestra una vez más, que el proceso de paz con los paramilitares fue un montaje de grandes dimensiones que se le salió de las manos a este gobierno.

Las declaraciones del alto comisionado advertían esta decisión, la crisis política de este país no sólo enloda al gabinete presidencial, al ejercito nacional, dirigentes del sector privado, al congreso y es la muerte certera a varios de los partidos uribistas, sino que ya evidenciaba los nexos directos del paramilitarismo con el presidente. La extradición de la cúpula paramilitar era un salvoconducto del presidente a corto plazo para que esta pueda continuar con este proyecto uribista, bien con la idea de la reelección o bien con la proyección de alguno de sus "incondicionales" -limpios-; pero también, es un golpe a la Justicia colombiana, a las Cortes y la justicia ordinaria. Como era de esperarse Uribe no da puntada sin dedal, tiene claro su aliado, el gobierno de EEUU en su precipitada carrera de desprestigio de los últimos tiempos y su fracaso en su gestión con el TLC, tiene que demostrar sus grandes avances en estos temas, si es preciso desestabilizando la región y desde luego primando el tema que los vincula ellos "narcotráfico", por encima de los crímenes de lesa humanidad.

  • Objetamos la Decisión de Extradición
  • Denuncian robo de expedientes de víctimas del paramilitarismo
  • Hipótesis necesarias sobre la extradición de los paracos colombianos a EE UU
  • Extradiciones son un golpe a la verdad
  • Extradición de 'paras' impide esclarecer sus crímenes
  • A juicio por narcos, ¿y por paras qué?
  • Un acuerdo infame
  • Un mal sabor
  • ¿Fue un acto político o jurídico?
  • Extradición de paras es una burla a las víctimas
  • Incertidumbre entre los familiares de las víctimas
  • Pronunciamiento sobre la extradición de 13 ex jefes paramilitares y su impacto en la lucha contra la impunidad


  • Miembros de la bancada del Polo Democrático y el Partido Liberal en el Senado reclamaron y protestaron en debate en el Senado la noche del 30 de octubre, por la ilegal y perversa intervención en política del Presidente Uribe. Rechazaron además los ataques malévolos del gobierno a través del Comisionado de Paz. El vocero del Partido Liberal en el Senado, Héctor Elí Rojas, defendió a Carlos Gaviria alegando que lo que ha hecho el gobierno con él “es una miserableza y un abuso contra un demócrata de semejante dimensión”: Gustavo Petro señaló como ni Uribe ni el uribismo tienen autoridad moral para hablar de ética política, cuando los partidos uribistas ya tienen más de 30 congresistas y varios gobernadores implicados en la parapolítica, varios de ellos detenidos.




    pero esa mezcla maldita le hace mucho daño a Colombia

    Ha arremetido contra la Corte Suprema de Justicia, el presidente de "la República", Alvaro Uribe Vélez, acusándola de encontrarse contra la paz de Colombia, por el hecho que en sentencia del pasado 11 de julio, la Corte aclaró, que los delitos cometidos por los paramilitares se tipifican como "concierto para delinquir" más no es viable presentarlos como delitos políticos.

    No puede ser un delito político solamente alzarse en armas, ya que los paramilitares nunca se encontraron en contra del Estado, sino que, contrario a ello, en el "mejor" de los casos, actuaron "al lado" de él. Esto quiere decir, que realizar masacres, apoderarse de los dineros de la salud de las regiones, desplazar poblaciones y apoderarse de sus tierras, asociarse con el director del DAS para asesinar sindicalistas, entrar en alianza con multinacionales para dominar regiones, imponer con las armas alcaldes, gobernadores, y congresistas, traficar con drogas, son "asociación para delinquir". Y, a pesar que las AUC se encuentran en un proyecto en donde todos sus "aliados" son partidarios del gobierno y su presidente, y la mayoría de votación del gobierno y sus partidos aliados se presentaron en territorios aterrorizados por ellos, a pesar de eso, no son delitos políticos.

    Por otra parte, el "presidente", ha dicho que si se imputa a la guerrilla sus actividades como delitos políticos (sedición), también habría de hacerse con las AUC, sin embargo, no hay ningún guerrillero condenado por "sedición".




    Jorge Noguera, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, institución que depende directamente de la Presidencia de la República, aunque solamente fue detenido por concierto para delinquir, también ha sido acusado por fraude electoral y homicidio, además de conspirar contra altos funcionarios del gobierno bolivariano de Venezuela.

    El ex funcionario, a quien se le inculpa de acomodar las votaciones para las elecciones de congreso y presidente, está recibiendo los señalamientos por parte del movimiento sindical y popular, por la muerte de decenas de sindicalistas de la costa Atlántica, campesinos, indígenas, lideres populares, estudiantes y maestros. Según el expediente que reposa en la fiscalía, Jorge Noguera era el encargado de suministrar listados al comandante paramilitar Jorge 40 para sus múltiples masacres y homicidios. Aparte de ello, se le inculpa por borrar expedientes relativos a investigaciones de paramilitares y narcotraficantes.

    Expertos afirman, que es imposible que la participación de Noguera en la guerra sucia contra líderes populares, se limitara a señalarle a Jorge 40 las víctimas a “eliminar”, y que seguramente hace parte de alguna especie de “Estado clandestino” que aun sigue sin develar. Si existiera esa organización, ¿hablarán en inglés o español?

    Documentación de archivo, que vale la pena revisar



    Video de Uribe reunido con 14 personas, entre ellos los paras ''Esteban", "Sergio" y Cisnery.

    Mientras más afirma el Presidente Uribe que nada ha tenido ni tiene que ver con las acciones de los paramilitares y de los agentes de la parapolítica, más incurre en contradicciones y más convence de todo lo contrario, mientras sus alfiles prisioneros siguen a la expectativa de que el lánguido Ministro del Interior saque adelante una indecente ley que los excarcele.. El Presidente le está diciendo cada vez más mentiras al país para tratar de ocultar sus relaciones con los paramilitares y su nexos con los congresistas vinculados a la parapolítica. No ha conseguido convencernos con ninguno de sus comunicados sobre las graves acusaciones en contra "la majestad" de Uribe: el video del 31 de octubre de 2001 que registra una reunión de Uribe con 14 personas, por lo menos 5 de ellas, reconocidos paramilitares; otro video de Ernesto Báez llamando a votar al Congreso por los Uribistas Carlos Clavijo y Carlos Higuera, este último designado después por Uribe como su representante en la Junta Directiva de Ecopetrol; y, para completar las graves acusaciones lanzadas en contra del presidente por el confeso narco Fabio Ochoa Vasco, quien sostuvo que la campaña de Uribe recibió gran cantidad de dinero de los narcos y paramilitares.




    Así la prensa gobiernista al unísono proclame que Uribe con la rueda de prensa ofrecida el 19 abril despejó todas las dudas sobre su responsabilidad con el paramilitarismo en Antioquia, por ser “frentero y dar la cara”, lo cierto es que no mejoró la desastrosa defensa de sus ministros.

    El presidente evadió la mayor parte de las preguntas que le hicieron los periodistas, intentando desconocer las pruebas que se presentaron en el debate del Congreso sobre los delitos de lesa humanidad en Antioquia.

    A pesar que procesos enteros sobre Antioquia en la fiscalía de Luís Camilo Osorio fueron desmembrados o paralizados, a preguntas tales como si se deberían reabrir las investigaciones, el presidente simplemente no contestó. Intentó también desconocer el principal planteamiento del debate, que se basó en la relación de las Convivir con los paramilitares que él mismo autorizó durante su gobernación.

    Tanto él como sus ministros han salido a señalar que los argumentos del Senador Gustavo Petro son calumnias, pero hasta el momento no han procedido a denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Y en el colmo del descaro, pese a su irrebatible carácter de gobierno plutocrático, en nombre los etéreos intereses de la Nación, responsabiliza a la oposición por la creciente desconfianza internacional sobre el Gobierno.

    También en un acto fallido y dentro del estilo “frentero” que tanto le gusta a la gran prensa, con una declaración amenazante y llena de desfachatez, Uribe reveló que la oposición está siendo seguida, infiltrada e intervenida por los cuerpos de seguridad.

    Uno de los objetivos del debate sobre el paramilitarismo en Antioquia fue el de hacer un llamado a la justicia para que reabra los procesos que ha cerrado irregularmente y construya una instancia sistemática especializada en el tema. Si no hay verdad o reparación de las víctimas en Antioquia no la habrá en el país, y lo anterior el Gobierno está decidido a impedirlo.


    En el gobierno de las fosas comunes

    DEBATE SOBRE EL PARAMILITARISMO EN ANTIOQUIA




    ¡Si este debate midiera la historia de este fenómeno "Paranarcomilitar" en Antioquia en litros de sangre, nuestros ríos cambiarían su color!.

    Alvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia autorizó "Convivir" de los jefes paras: a alias "Julián Bolívar", la Convivir "Deyavane", en Yarumal, y a "Chepe Barrera", "Siete Cueros, en La Ceja; este último, también dirigió otra Convivir fuera de Antioquia, llamada "Guayacanes", según denunció Gustavo Petro. Salvatore Mancuso, pertenecía a las Convivir "Horizonte" y "Guaymaral"; "Monoleche" hacía parte de "Abibe"; Francisco Javier Piedrahita y "Cadenita" integraban "Nuevo Amanecer"; Salomón Feris Chadid, alias '08', "Orden y Desarrollo"; y Juancho Prada, de "Los Arrayanes". El esposo de 'La Gata", Héctor Julio Alfonso, era integrante de la Convivir "Esperanza Futura", y el hijo de ella, Jorge Luis Alfonso, de "Orden y Desarrollo".

    Este debate que se ha convertido en pieza de trabajo de la prensa nacional, como del gobierno, que vienen sacando a la luz pública más políticos y sus prácticas impunes, relatará a los colombianos la relación de reconocidos personajes de la clase oligárquica de Antioquia con el narcotráfico, las convivir, algunos finqueros, ganaderos, las multinacionales, militares de altos mandos, la intervención en diferentes masacres, la relación directa entre ellos y donde curiosamente todos “son de la misma cuadra” del Presidente. Pero también, este debate es una deuda con la humanidad, con Colombia, con Antioquia y con cada familia víctima de este horror.

    Resulta “sorprendente” por calificar de alguna manera este accionar presidencial de dos meses acá, que se tomen el trabajo de hacer toda una ardua compilación y recolección de información sólo para dar respuesta al debate del congresista y que durante más de 10 años los gobiernos de turno incluido el presente no quisieron hacer nada, con un silencio pleno complice, dado su connivencia e impulso con el narcoparmilitarismo, a pesar de las miles de denuncias que hizo el pueblo antioqueño frente a la agresión y barbarie permanente a que fueron y siguen siendo sometidos.

    Las CONVIVIR se constituyeron en sujeto armado sin subordinación a las Fuerzas Armadas, personas de carácter privado que asumieron tareas propias de la policía, encargándose del orden público y el control de la población. El que sectores privados con armamento pesado disputaran el monopolio de la violencia con el Estado no tiene otro nombre más que: paramilitarismo con manto legal.

    INFORMACIÓN GENERAL


    EL DEBATE Y DOCUMENTACIÓN



    Van nueve presos por la parapolítica. Aun falta el jefe.
    Cinco congresistas del partido de la “U”, el partido del presidente, fueron detenidos por “concierto para delinquir”, por sus nexos con el paramilitarismo. Uno de ellos, hermano de la ministra de relaciones exteriores, primo hermano del gobernador del Cesar, y con varios parientes más en el alto gobierno, también fue implicado por “secuestro agravado”. Ya completan nueve prisioneros por los mismos delitos, y aún falta que rindan cuentas al menos un gobernador más, y un coronel del ejército. A pesar que el ministro de gobierno señala el hecho como una muestra que la Ley de Justicia y Paz está funcionando, las capturas se deben a una denuncia puesta por Clara López de Obregón, integrante de la Mesa Nacional del Polo Democrático Alternativo, como respuesta a que la alta dirigencia de los paramilitares dijera que un 35% del congreso eran sus incondicionales.

    Las altas votaciones que obtuvieron esos congresistas en la costa caribe colombiana, que según se sindica fueron obtenidas gracias a las amenazas de los paramilitares, fueron cruciales para que el partido de la “U”, dirigido por ese entonces por el actual ministro de defensa, llevara a Álvaro Uribe a la presidencia.

    Una vez se supo de la captura de los senadores, el presidente de la república ante el asedio de la prensa, contestó a los periodistas, que se encontraba en una reunión muy importante para planificar una carretera a Buenaventura, y que estaba muy cansado para contestar preguntas.




    "Este es el proceso 8000 pero de Uribe" Mico en El Espectador

    EL PARAESTADO Y LA MAFIA URIBISTA

    Parecería que el presidente Uribe está tan confundido que inicialmente guarda un silencio extraño por todo lo que pasa y luego insta a todos sus funcionarios y amigos hoy vinculados por nexos con el paramilitarismo, gente de su absoluta confianza que promovió en esos cargos, que ha respaldado y defendido hasta el final, "a que se diga la verdad", coincidiendo con la carta de los Jefes Paramilitares, pero cual verdad es la que el quiere que sepa Colombia?, por qué no empieza el?. Claro, es de entender que los políticos involucrados hoy no son precisamente los padrinos del paramilitarismo en el país, son parte de su andamiaje pero tal vez no son la crema y nata que sostiene esta estructura.

    Quiso el presidente lanzar una cortina de humo con los falsos positivos que hoy involucran a un buen numero de miembros del ejercito; echó por la borda los acercamientos con las Farc para el logro de un Acuerdo Humanitario; y se empeño en su maratónica tarea defender la institucionalidad con su política de seguridad democrática, a cambio de llenar el país de fosas comunes; nombra como ente administrativo de seguridad a Noguera en el Das, donde lo mantiene por 3 años, el cual se encargo de administrar masacres y asesinatos, mientras el exfiscal Camilo Osorio como instancia acusadora se encargó de engavetar o desaparecer los expedientes contra algunos personajes conocidos por nexos con narcos y paras, y en otros procesos como el de Rito Alejo ordena precluir la investigación a favor del General, y de la misma forma con su puño y letra firmó el acto inhibitorio para investigar a Salvador Arana quién fue gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe hoy prófugo, señalado por el asesinato del Alcalde de El Roble y otros delitos.

    caricatura de Garzón Y como ente legislador, el propio senador Miguel de la Espriella confiesa que 40 congreistas firmaron un acuerdo político con los paracos y los jefes paramilitares afirmaron que un 30% o 35% de los congresistas tenían nexos con ellos, hasta ahora la Corte Suprema ha vinculado al proceso a 10 personalidades (El Gordo Garcia, Merlano, Caballero, Araujo, Morris, Dieb Malof, Campo, Vives y Pimiento, y funcionarios como Arana, pendientes Arenas y otros), sin embargo los señalamientos de "los arrepentidos" Castillo Peralta y Rafael García, el computador de Jorge 40, entre otros testimonios y pruebas, involucran a importantes dirigentes políticos de la región, ganaderos conocidos, jefes paramilitares, empresarios, miembros de la fuerzas armadas donde evidencian la organización criminal y mafiosa que logro desviar recursos, que gesto el fraude electoral en diferentes elecciones, que hizo acuerdos entre políticos y líderes de las autodefensas en Santa Fe Ralito de respaldo a su accionar, saca a la luz relaciones entre la mafia y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, pero también hechos aparentemente aislados como la borrada de grandes deudores de la DIAN.

    PARAMILITARIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

    No obstante la situación es bastante crítica, pues en el curso de los últimos años la propuesta legislativa ha sido encaminada a garantizar y proteger los intereses paramilitares, promoviendo la distribución inequitativa de la riqueza, ahondando así, la pobreza, el hambre, el desempleo, la desigualdad y la impunidad. Algunos casos conocidos como la reelección; la modificación del Código Civil, con la reducción del tiempo para la prescripción ordinaria de 10 a 5 años y el de la prescripción extraordinaria de 20 a 10 años. O la Ley de Tierras que abre la puerta al lavado de activos, permite a los grupos ilegales que se hayan quedado con las tierras con métodos de violencia y agresión, que las legalicen perdiéndolas en definitiva sus reales dueños; La ley de Agro ingreso seguro destinada en efecto a proteger los ingresos de latifundistas, va en contra de los campesinos, queda al servicio del TLC; pero así mismo vienen en la imposición de otras como el Estatuto de Desarrollo Rural que le quita el derecho a la tierra al campesinado colombiano, la Ley Forestal donde subasta los bosques naturales, saquea los territorios indígenas y de negritudes y reduce las reservas forestales; o la Ley de Justicia y Paz que garantiza la impunidad de crímenes de Estado; y así podemos enumerar todas aquellas que se encuentran hoy en la lista a debatir, por ejemplo el tema de las transferencias, la reforma tributaria, entre otras.

    UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

    Lo más devastador y horrorizante es la condena a muerte de miles de campesinos a manos de paramilitares y ejercito, con la dirección de altos funcionarios y congresistas y la anuencia cómplice de Uribe. Es imposible considerar que él no conocía nada de esto cuando en Consejos comunitarios en la región se informo de la situación, cuando varias de las víctimas hoy ausentes enviaron denuncias, llamados urgentes, cuando incluso en las mismos registros que lleva el gobierno aparecen los desplazamientos masivos de la región como también otras agresiones, cuando las organizaciones de derechos humanos y de paz presentaron documentos, publicaciones entre otros que exponen la situación. Masacres como la de San Onofre, el Salado, Macayepo, pero también como las sistemáticas persecuciones y asesinatos en otras zonas del país como Buenaventura, Barrancabermeja, Apartadó, Río Atrato, Sur de Bolivar, Putumayo, Norte de Santander entre otras, donde se incurre en tortura, violación, desaparición forzada y asesinato de campesinos, mujeres, jóvenes, negritudes, e indígenas, NO tienen ley de punto final, NO tienen legislación especial, NO tienen beneficios, NO tienen perdón ni olvido.



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