Asesinan 4 indígenas Embera chamí. La CIDH había dictado medidas cautelares : Indymedia Colombia

En Colombia las crónicas de las muertes anunciadas se escriben todos los días sin que el Estado, presunto garante de la vida de todos los ciudadanos, se inmute. Desde el alcalde del municipio hasta las más altas esferas del Gobierno en Bogotá conocían el grave peligro que se cernía -y se cierne- sobre las comunidades indígenas de la etnia embera chamí y, sin embargo, permitieron que la masacre se perpetrara ante sus ojos: un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, asesinó ayer, 8 de junio, a cuatro líderes indígenas e hirieron a otros cuatro cuando se desplazaban entre los municipios de Supía y Riosucio (departamento de Caldas).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos solicitó el 15 de marzo de 2002 que el Estado Colombiano adoptara medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de cuarenta líderes de los embera chamí, entre los que figuran tres de las víctimas, pero el Gobierno se limitó a ofrecerles seguridad material -blindaje de sedes, celulares, ayudas al transporte- y evadió las medidas políticas y jurídicas que podrían haber evitado este nuevo crimen.

En la mañana del pasado domingo, el ex gobernador del cabildo de Cañamomo y Lomaprieta y miembro del Partido Comunista Colombiano (PCC), Gabriel Ángel Cartagena, viajaba con varios acompañantes hacia la vereda de San Lorenzo donde iba a presentar su candidatura a la alcaldía del municipio de Riosucio. Alrededor de las 13 horas, a la altura del paraje conocido como La Herradura, unos hombres vestidos de militar –entre los cuales había varios de civil- atacaron el vehículo con armas de largo alcance y granadas.

Gabriel Ángel Cartagena, Hugo Tapasco Guerrero, Diego Suárez y Fabio Hernán Tapasco murieron de forma casi instantánea aunque el levantamiento de los cadáveres no se hizo hasta más de dos horas después; Gersaín de Jesús Díaz, Conrado de Jesús Reyes, Pedro Alejandrino Campeón y Norley Calvo ingresaron en el hospital de Manizales (capital de Caldas) como consecuencia de las heridas recibidas. Gersaín y Conrado también son militantes del PCC.

En el ataque resultó herido un atacante al parecer por uno de los ocupantes del vehículo que portaba un arma a título personal ya que estos líderes indígenas no disponían de escoltas. Esta ha sido la última de las agresiones sufrida por el pueblo embera chamí, pero la lista de violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas por parte de los grupos paramilitares y de la Fuerza Pública es amplia y antigua.

En los años 90, estas comunidades -que se agrupan en el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC- fueron acusadas por las autoridades civiles y militares de tener nexos con la guerrilla y de esta forma se fue abonando el terreno para la llegada de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En efecto, en junio de 2001 este grupo armado comienza a hacer presencia en los resguardos y se suceden los desplazamientos, desapariciones y crímenes. Inicialmente los indígenas denunciaron los hechos a las autoridades de la región, pero las respuestas fueron evasivas y nuevos señalamientos.

Ante esta situación, Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Ayuda Solidaria (ANDAS) pidieron a la CIDH que solicitara al Estado Colombiano la adopción de medidas cautelares. Se demandaba, además de mecanismos de protección materiales, la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la sanción a sus responsables así como una decidida actuación de las autoridades civiles y militares contra los grupos paramilitares.

Para que Colombia aceptara el requerimiento de la CIDH los indígenas tuvieron que poner más muertos. María Fabiola Largo Caño, gobernadora del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, fue una de las 40 personas para las que la CIDH dictó medidas cautelares el 15 de marzo del pasado año; el 9 de abril fue asesinada sin que el Gobierno hubiera movido un dedo para su protección. Tres días después del crimen los representantes estatales accedieron a reunirse para concretar medidas aunque esto no ha sido más que un intento de aparentar ante la comunidad internacional que Colombia atiende sus recomendaciones. Los hechos lo demuestran.

El Estado sólo ha cumplido parcialmente y a regañadientes con las medidas de carácter material ya que las agresiones contra la población indígena no han cesado y sus responsables materiales e intelectuales ni siquiera han sido identificados a pesar del compromiso que la Fiscalía adquirió en este caso. De hecho, el 26 de junio de 2002 Reiniciar solicitó a la Defensoría del Pueblo que activara el Sistema de Alertas Tempranas porque, a pesar de que estas comunidades estaban amparadas por la CIDH, el riesgo para sus líderes era evidente. Ese mismo día los paramilitares habían exigido la renuncia de todos los gobernadores indígenas de la región y de varios directivos del CRIDEC; el día anterior Gabriel Ángel Cartagena recibió una llamada del mismo grupo armado amenazándoles de muerte a él y a otros dirigentes –a los que citaban con nombre propio y entre los que se encontraba Gerzaín de Jesús Díaz- si no dejaban sus puestos.

Esta situación llevó a Reiniciar a pedir al Estado que se adoptaran medidas de seguridad más extremas para Gabriel Ángel Cartagena y tres dirigentes más y a solicitar a la CIDH que ampliara las medidas a otros 34 líderes indígenas. El ex gobernador de Cañamomo y Lomaprieta fue asesinado sin que el Ministerio del Interior diera respuesta.

La falta de efectividad en la protección de los embera chamí es consecuencia directa de la llamada política de seguridad democrática del Gobierno de Uribe Vélez: su verdadero objetivo es acabar con las organizaciones que, como los indígenas, reclaman su propia autonomía y cuestionan el modelo oficial. Para ello, el Estado, a través de su Fuerza Pública, hace la vista gorda ante la actuación de los grupos paramilitares o directamente macartiza y reprime legalmente a quienes le critican.

Todos estos hechos exigen una respuesta contundente por parte de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, a quienes pedimos que se dirijan al Estado Colombiano para que:

-La Fuerza Pública combata a los grupos paramilitares que están actuando en la región de los resguardos embera chamí.

-La Fiscalía investigue e identifique a los autores de la masacre que acabó con la vida de cuatro dirigentes indígenas.

-El Gobierno cumpla de forma inmediata con las medidas cautelares requeridas por la CIDH, tanto materiales como políticas y jurídicas, para garantizar la integridad física de la población indígena embera chamí.

-Asimismo, el Gobierno debe demostrar su voluntad manifestada ante la misma CIDH para proteger la vida de lo sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, teniendo en cuenta que tres de las víctimas de la masacre del pasado domingo eran militantes comunistas.

Bogotá, 9 de junio de 2003